Hablar de cannabis en Chile todavía genera muchas dudas, especialmente cuando se trata de su uso medicinal. Aunque la conversación ha avanzado, la legislación sigue siendo ambigua y muchas personas usuarias terminan enfrentando procesos judiciales innecesarios. Por eso, entender bien el marco legal es clave para ejercer nuestros derechos y, sobre todo, para proteger nuestra salud.
¿Qué dice la ley?
La Ley Nº 20.000, conocida como la ley de drogas, establece sanciones para la producción, tráfico y porte de sustancias ilícitas. Sin embargo, también contempla excepciones importantes. Según el artículo 4º, tener, portar o cultivar cannabis no es delito si se puede demostrar que su uso es personal, exclusivo y próximo en el tiempo, especialmente si es con fines medicinales.
Esto fue reforzado por la llamada Ley Anti-Narco (21.575), promulgada en 2023, que reconoce expresamente el derecho a cultivar cannabis para tratamientos médicos, siempre que se cuente con una receta médica válida, emitida por un profesional.
Aún así, muchas personas con tratamientos indicados por médicos siguen siendo criminalizadas por falta de claridad en la aplicación de la ley o por desconocimiento.
¿Por qué necesitamos dispensarios?
El vacío legal y la falta de regulación específica para el acceso a cannabis medicinal han empujado a los pacientes a autogestionar sus tratamientos. Si bien el autocultivo está permitido en ciertos casos, no todas las personas pueden hacerlo: por falta de espacio, conocimiento, tiempo o condiciones físicas.
Aquí es donde los dispensarios medicinales juegan un rol fundamental. No hablamos de "tiendas recreativas", sino de espacios regulados, seguros y acompañados por profesionales de la salud, que entreguen productos de calidad, asesoría médica y seguimiento terapéutico. Esto ya ocurre en otros países, y los resultados en salud pública han sido positivos.
¿Qué podemos hacer?
Hoy más que nunca, es importante informarse, conversar y exigir cambios. El cannabis medicinal ya ha sido reconocido por instituciones como la ONU y la OMS por sus propiedades terapéuticas, y en Chile también existen normativas que lo permiten bajo ciertas condiciones. Sin embargo, aún persisten prejuicios que ponen en riesgo a quienes lo usan como parte de su tratamiento. Conocer nuestros derechos y responsabilidades como pacientes es el primer paso para construir una política de drogas más justa y centrada en la salud.